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Van a juicio los acusados de fumigar una Escuela

Ambiente 04 de julio de 2017 Por
La jueza de Garantías de Concepción del Uruguay, María Evangelina Bruzzo, elevó este martes a juicio la causa de la escuela fumigada en el año 2014, en la que están imputadas tres personas por lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa.
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Se trata de la Escuela Nº44 República Argentina, de Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.

Este martes por la mañana se realizó la audiencia en la que se trató el requerimiento de la fiscal Melisa Ríos para llevar al banquillo de acusados al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez; al titular del campo de arroz y maíz que contrató la fumigación con agrotóxicos, José Mario Honecker; y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti.

Los tres están acusados por la comisión de los supuestos delitos de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa” de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 24.051 (de Residuos peligrosos) y el 89 del Código Penal. Los abogados defensores de los imputados se opusieron a la elevación a juicio por entender que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) no se encontraba finalizada, y porque consideraron que existían elementos que no fueron investigados y que se vulneraban garantías de defensa y debido proceso. La jueza no hizo lugar al planteo y elevó el caso a debate oral y público.

Al iniciar la audiencia, la magistrada explicó a las partes que “el objeto de esta etapa es el tratamiento del requerimiento de elevación a juicio, fijar los hechos y las calificaciones legales y la evidencia que se va a producir en el juicio oral y público”.

Luego dio la palabra a la fiscal Melisa Ríos quien dio lectura a los hechos y las imputaciones. La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación del legajo a juicio respecto de José Mario Honecker, a quien se le endilga haber contratado los servicios de la firma Aero Litoral para fumigar un campo explotado con cultivos de arroz y maíz ubicado entre los kilómetros 7 y 11, de la zona rural de localidad de Santa Anita, con empleo de productos químicos calificados como residuo peligrosos por la ley nacional Nº 24.051.

La labor de fumigación, indicó la fiscal, estuvo a cargo de César Martín Visconti, dependiente de la empresa Aero Litoral SA, que en el momento de los hechos era presidida por Erminio Rodríguez. Mencionó que la fumigación se realizó el 4 de diciembre de 2014, a las 16, y recalcó que la aeronave conducida por Visconti pasó en reiteradas ocasiones sobre el campo diseminando los productos químicos sin tener los recaudos necesarios para no dañar a terceros y al ambiente.

Ríos resaltó que en la pulverización aérea hubo un “déficit en la organización” ya que no se arbitraron “los recaudos necesarios para que la labor contratada se ajustara a la legislación vigente y no alcanzara a terceros, ocasionando perjuicios a la salud y al medio ambiente consistentes en: no limitarse en el uso de agroquímicos como era necesario por la existencia de la escuela Nº 44 República Argentina a distancia menor de 50 metros del lote sembrado; no comunicar de manera fehaciente con 48 horas de anticipación de la realización de la pulverización aérea en el lote a los pobladores lindantes, a los docentes, alumnos y progenitores o responsables de estos, y a la municipalidad adjuntando la receta agronómica”.

Además, la fiscal señaló que al momento de la aspersión del químico no había un técnico con conocimiento en la materia; y que la firma contratada para la fumigación no contaba con la habilitación correspondiente para efectuar ese tipo de trabajo. Como prueba de ello, indicó que el director General de Agricultura, Lucio Amavet, informó a la fiscalía que la empresa no tenía permiso para dicha tarea al momento del hecho.

La acusadora pública sostuvo que Visconti hizo la fumigación cuando los docentes y alumnos estaban en la escuela, y relató cómo se sucedieron los hechos. Contó que los alumnos advirtieron de la fumigación a la docente Mariela Leiva y que esta tomó registro con su teléfono de lo que estaba sucediendo y que luego dio aviso a las autoridades policiales.

Ríos reseñó que una vez que el personal policial llegó a la escuela hubo intentos para que el conductor de la aeronave cesara de fumigar pero que no lograron con el cometido. Enseguida, la fiscal refirió que los alumnos –entre los cuales había niños de 5, 9 y 10 años- y la docente sufrieron diferentes síntomas de malestar producto del químico diseminado. La funcionaria judicial mencionó que un médico forense del Poder Judicial constató que los síntomas fueron producto de la fumigación.

Tras la exposición de Ríos, fue el turno de los abogados de los imputados, quienes se opusieron a la elevación de la causa a juicio por entender que no estaba concluida la investigación preparatoria y por considerar que no se respetaron garantías procesales. Sin embargo, la juez de Garantías determinó que el caso se resuelva en un juicio oral y público.

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