Nunca Más: Declaración del IMFC a 42 años del golpe cívico militar

Derechos Humanos 24 de marzo de 2018 Por
El ejercicio de la memoria es una práctica indispensable para comprender el pasado y, sobre todo, para evitar que los errores y horrores cometidos se vuelvan a repetir.
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A medida que transcurre el tiempo histórico y nuevas generaciones se incorporan a la vida ciudadana,
muchos de los acontecimientos que ocurrieron en los años precedentes pueden borrarse de los
recuerdos o bien distorsionarse por falta de información, o a la carencia de una cultura política democrática.
En particular, para que no prosperen las posturas negacionistas como las que surgieron recientemente.

Transcurridos 42 años desde el fatídico golpe cívico militar que instauró la última dictadura, es necesario
hacer un recorrido breve pero contundente sobre aquellos hechos luctuosos y sus consecuencias,
no sólo en términos de las vidas humanas masacradas por el terrorismo de Estado –que fueron
30 mil– sino también por los efectos económicos, sociales y culturales, muchos de los cuales han perdurado
hasta el presente. Hagamos memoria, entonces.
El 24 de Marzo de 1976 el diario Clarín titulaba en su tapa “Nuevo gobierno”. Por su parte, el matutino
La Nación reproducía en su edición del 25 de marzo de ese año la proclama de la Junta de Comandantes,
bajo el título “Las Fuerzas Armadas y su determinación”.
El texto en cuestión reproduce muchos de los lugares comunes que utilizaron los golpistas desde la
primera asonada del 6 de septiembre de 1930, cuando derrocaron al gobierno constitucional de Hipó-
lito Yrigoyen. En efecto, el manifiesto destituyente del 76 comenzaba diciendo: “Agotadas todas las
instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco
de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso,
por sus vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro”.

Más adelante expresaba: “Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable,
han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las
consecuencias irreparables que podría tener sobre el destino de la Nación una actitud distinta a la
adoptada… Es una decisión por la Patria y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna
militancia cívica ni sector social alguno”.
Obviamente, no había referencia alguna al nefasto Plan Cóndor, del que participaron las fuerzas
represivas de todo el Cono Sur, bajo la supervisión del Departamento de Estado de los EE.UU. de Norteamérica.

Pero el sentido profundo del avasallamiento de las libertades públicas y el genocidio perpetrado
por los dictadores se puso de manifiesto a los pocos días del golpe, cuando el ministro de Economía
del gobierno de facto anunció su plan el 2 de abril de 1976.
Ese día, José Alfredo Martínez de Hoz puso en marcha un conjunto de medidas cuyo eslogan lo explicaba
todo claramente: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.
Así, con el argumento de favorecer el crecimiento industrial y agropecuario sin las trabas que representaban
los reclamos sindicales, contener la inflación, estimular la venida de capitales extranjeros,
atacar el déficit fiscal y terminar con un aparato burocrático estatal sobredimensionado, según su
visión, se congelaron los sueldos de los trabajadores, al punto que sus ingresos cayeron un 40 por
ciento entre 1976 y 1980. Se favoreció el ingreso de productos importados con el argumento de mejorar
la industria nacional por la vía de la competencia, pero con el objetivo oculto de destruir el aparato
productivo y eliminar por igual a las PyMEs y a los trabajadores de ese vasto sector.
También se sacaron los controles de precios y se redujeron las retenciones a las exportaciones, a la
vez que se inauguró el pedido de créditos a organismos internacionales. Comenzó el endeudamiento
gigantesco de nuestro país, generando un factor condicionante para toda la política económica local
subordinada a los acreedores externos, representados por el Fondo Monetario Internacional.
Y para completar este paquete demoledor del perfil económico y social de la Argentina, se creó un
instrumento letal mediante la Ley de Entidades Financieras número 21.526. Una norma nefasta que
lleva la firma de Videla y Martínez de Hoz y que no fue derogada luego de los 34 años transcurridos
desde la recuperación de la democracia.


El 2 de abril de 1977, a pocos días del primer aniversario del golpe cívico militar, el diario La Nación
publicaba su editorial bajo el título “Una paz que merece ser vivida”.
En un tono complaciente y hasta edulcorado, la “Tribuna de doctrina” fundada por Bartolomé Mitre
en 1870, terminaba diciendo “Esa Argentina habrá de florecer en una paz que merezca ser vivida,
para repetir las palabras exactas del Presidente (se refiere a Jorge Rafael Videla). No es la paz de los
cementerios. Es la paz en la cual la dignidad humana, la recompensa del esfuerzo y la seguridad de las
existencias tendrán que desarrollarse dentro del espíritu forjado por esa democracia profunda, cuyo
punto de partida está en el espíritu de sus ciudadanos, más que en la fachada de las instituciones”.
Unos días antes, el 24 de Marzo de 1977, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, de cuyo asesinato
por las fuerzas de tareas de la ESMA se cumplen cuarenta y un años, escribía con admirable valentía,
consciente del riesgo que corría su vida, la célebre “Carta abierta a la Junta Militar”.
Con rigurosidad profesional y mirada premonitoria, Walsh afirmaba en este documento, luego de
detallar los actos criminales de los represores que “Estos hechos, que sacuden la conciencia del
mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni
las peores violaciones de los derechos humanos en los que ustedes incurren. En la política económica
de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que
castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.
En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40 por ciento, disminuido su
participación en el ingreso nacional al 30 por ciento, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que
necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no
persisten ni en los últimos reductos coloniales.
Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo
toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando
horarios, elevando la desocupación al récord del 9 por ciento y prometiendo aumentarla con 300 mil nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y
cuando los trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos
enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.
Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno –sigue diciendo
Walsh– el consumo de alimentos ha disminuido el 40 por ciento, el de ropa más del 50 por ciento, el de
medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires
donde la mortalidad infantil supera el 30 por ciento, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las
Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, la parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan
hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido
ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo
hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se
suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la «racionalización». Basta andar unas horas
por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una
villa miseria de diez millones de habitantes”.
La dictadura, a través de su aparato comunicacional, con la colaboración de los medios afines y en
base al terror, produjo una gravísima ruptura en el tejido social de nuestro pueblo. “Cada uno en lo
suyo defendiendo lo nuestro”, fue la consigna instalada durante la Guerra de las Malvinas.
La transcripción textual de las fuentes mencionadas tiene un propósito didáctico, tanto para ubicar
en el tiempo y el espacio las causas y las consecuencias de los problemas que nos aquejan, como para
no confundirse a la hora de analizar el presente a través de la óptica del ideario cooperativo.
Como dijimos al comienzo, la ciudadanía debe ejercitar la memoria, cultivar el pensamiento crítico
y participar en la tarea inconclusa hasta ahora de construir una Argentina con más democracia y equidad
distributiva.
“La solidaridad, uno de los pilares fundamentales del cooperativismo –decía Floreal Gorini en la
primera versión de la Propuesta para enfrentar la emergencia, en febrero de 2002−, se ha convertido
en una de las herramientas más potentes para el cambio, una actitud refractaria del mundo individualista
y egoísta que nos quieren imponer. La solidaridad, un preciado bien que está al alcance de todos,
debe ser cultivado, desarrollado, a través de la participación de los individuos en la sociedad. Uno de
los fertilizantes más potentes es la educación, la discusión de los proyectos de cambio y el involucramiento
desde las distintas instancias de lo social, lo político, lo institucional, lo productivo, especialmente
desde la economía social”.
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