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Una vida que depende de la otra

Géneros 17 de junio de 2018 Por
La Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen realizó una declaración sobre la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo.
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Sabemos que ha sido, es y será un debate complejo. La complejidad no va de la mano de frases hechas o eslóganes. ¿Cómo se hace para salvar dos vidas, cuando una es enteramente dependiente de la otra, y ésta no quiere / no puede disponerse a desarrollar aquella?

Sin ley, con el Código Penal de hace casi cien años, la realidad es inocultable. Lo que está prohibido y penado se realiza igual, unas 300.000 a 500.000 veces por año en nuestro país, según las estimaciones más aceptadas por operadores del sistema de salud (la diputada jujeña Carolina Moisés planteó que en San Pedro, ciudad de 80.000 habitantes, se practican alrededor de dos mil quinientas interrupciones de embarazos anualmente, de acuerdo a datos fidedignos de médicos y enfermerxs: un caso que sirve para pensar sobre la dimensión de esta problemática). Sin ley, con el Código como amenaza infructuosa, son cientos de miles las vidas dependientes que no llegan a terminar su desarrollo, así como son cientos o miles las vidas autónomas que sufren daños y permanecen con secuelas de índole diversa, al punto que decenas de ellas se extinguen poco tiempo después de la otra vida, la que no se podía / no se quería nutrir (¿cuánto hay de no poder, cuánto hay de no querer?).

El clivaje en este debate no es precisamente si hay o no hay vida en el útero de una mujer. Hay vida, como también la hay en las gametas (óvulo y espermatozoide), cada una por su lado, o en toda célula de cualquier ser vivo mientras registre procesos metabólicos.

Tampoco la línea divisoria es inobjetablemente trazable entre una vida que adquiere entidad de “persona” y otra que aún no (máxime cuando ciertos jueces, acá y allá, reconocen la existencia de “personas no humanas”).

La frontera que podría clarificar este debate, para aquellos que estén dispuestos a sostenerlo constructivamente, sin vilipendiar y/o amenazar a los que porten un pañuelo de color distinto al propio, es la diferencia entre la dependencia vital y la autonomía vital. Porque es imposible la vida de un ser humano en desarrollo sin el concurso de todo el organismo de su madre (simplificamos la ecuación en el útero, pero este órgano nada puede hacer sin un buen funcionamiento del hígado, el páncreas, el intestino, los pulmones, el corazón, los riñones y cientos de otros órganos maternos).

Es por eso mismo imposible que un embrión humano tenga chances de sobrevivir (por más que el Estado, las iglesias, las ONGs y cualquier persona bienintencionada se proponga salvarlo) si el sistema nervioso central de la mujer gestante no se encuentra en condiciones de afrontar el enorme esfuerzo de aportar el contexto para el desarrollo embrionario (y si hablamos de sistema nervioso central lo objetivo y lo subjetivo se entremezclan inexorablemente). Tal vínculo adquiere un carácter de inapelable centralidad, que lo hace insustituible, hasta avanzados los cinco meses de gestación (20 semanas o más), por lo cual el proyecto de ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la decimocuarta semana no avanza cerca de la frontera del cese de la dependencia absoluta del hijo en desarrollo con respecto a su madre, manteniéndose muy lejos de un límite temporal que abriría la posibilidad de otorgarle al descendiente alternativas de supervivencia, planificadas por el Estado, por fuera del cuerpo de su progenitora.      

Una penalización incapaz de modificar la decisión de tantas mujeres embarazadas se suma a la resistencia que siempre han encontrado la educación sexual integral y la distribución gratuita de anticonceptivos (por parte de sectores que sin mayor lógica se oponen simultáneamente a la aplicación de métodos preventivos y a los efectos de la falta de prevención). Es una combinación con pésimos resultados, que no salva vidas sino que las arruina. La mirada comparativa con muchos otros países que han legalizado o despenalizado el aborto indica que el número de interrupciones del embarazo no aumenta a partir del cambio normativo, y que en cambio la mortalidad materna sí disminuye significativamente.

Por todo lo antedicho, y acompañando la línea de otros Organismos de Derechos Humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (que expuso en la Cámara de Diputados a favor del proyecto de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito), saludamos el trabajo de todos lxs diputadxs y la decisión de aquellos 129 legisladores que votaron afirmativamente, a la vez que esperamos que la media sanción se complete luego del tratamiento en el Senado de la Nación.

Son las mujeres, cada una en su situación única e intransferible, las que pueden decidir qué hacer, en cada caso. Escucharlas y colaborar con ellas es la opción más razonable, las demás opciones han fracasado por su falta de anclaje en la realidad, y lejos de atenuar el sufrimiento lo han incrementado.

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